Úsese para los recursos sobre el uso del sistema penal para perseguir, sancionar, intimidar y disuadir el ejercicio legítimo del derecho a la protesta mediante acusaciones penales desproporcionadas, injustificadas o fabricadas contra manifestantes, imputando delitos graves (terrorismo, rebelión, obstrucción de vías, daño en bien ajeno) a quienes ejercen derechos de expresión y reunión pacífica.