Es el pacto entre la persona desmovilizada, cobijada por la Ley 1424 de 2010, y el Gobierno Nacional para iniciar un proceso de reintegración en el que se compromete a asistir a la ACR, la Fiscalía General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, donde realiza un relato para contribuir con la verdad y la memoria histórica y recibir una certificación que puede ser positiva o negativa.
