Se emprende en 1997 este programa sustentado en el establecimiento de compromisos por parte de cada comunidad y de los actores políticos y militares para garantizar que las comunidades se mantengan al margen de las movilizaciones armadas y que los grupos armados se abstengan de intervenir en tales comunidades. En estas negociaciones son los agentes externos quienes han asumido la representación de las comunidades.
